El 27 de febrero a las 3:34 de la mañana, se interrumpió el proceso de reactivación económica que se veía venir en Chile. A partir de ese momento las autoridades salientes y las entrantes debieron dedicarse primero, a enfrentar la emergencia inmediata y luego a trabajar para evitar un invierno desastroso teniendo que dejar de lado su programa de Gobierno.

Poco a poco, se han comenzado a ver los esfuerzos de reconstrucción. Por ejemplo, a seis días del terremoto, paulatinamente se normalizaron los servicios básicos, la ayuda se comenzó a distribuir de manera continúa y las Fuerzas Armadas, más Carabineros e Investigaciones manejaron la seguridad Pública y la identificación de los fallecidos. En muchas ciudades, un mes después, ya tenían muchas de calles despejadas de escombros. Los mayores problemas que han tenido las autoridades, fueron los saqueos que se produjeron y la normalización del agua potable, debido a que han existido problemas para detectar y reparar las cañerías subterráneas.

Paulatinamente, la situación de seguridad se fue calmando, hasta que el Gobierno terminó con el estado de excepción constitucional para, sólo quedar con el de estado de catástrofe en las regiones sexta, séptima y octava. También se han ido despejando las dudas sobre el programa de reconstrucción que definió el Gobierno chileno al ir conociendo las medidas que se tomarán en materias como Viviendas, Salud, Obras Públicas, Educación y el reestablecimiento de los servicios básicos.

El primer plan de reconstrucción que se conoció fue el de las viviendas. Este beneficiará a 195.950  familias de las zonas afectadas y que sumará a la política regular de subsidios habitacionales de esta administración cuyo costo será de US$  2.543 millones, en su gran mayoría recursos públicos. El ministerio de la Vivienda detectó que las casas destruidas por el terremoto y el maremoto fueron 81.444; las que sufrieron daños mayores 108.914 y las que tienen daños menores 179.693 lo que da un total de 370.051 viviendas dañadas. Este programa que tiene como objetivo, la reconstrucción y la reparación de las viviendas tiene contemplado dos tipos de subsidios: uno, es para la reconstrucción de viviendas dañadas o con daños estructurales graves ósea para 133.994, que corresponden al 62% del total; al 100% de las casas construidas por el Fisco, al 73% de las casas de adobe urbanas y rurales y al 70% de las viviendas dañadas en sectores costeros. El segundo, corresponde al subsidio de reparación de viviendas dañadas y contempla recursos para 61.956 viviendas. Este programa agrega estas 195.950  soluciones adicionales a los 127.235 subsidios de los programas regulares de vivienda que el estado chileno otorga cada año. Estos subsidios extraordinarios se materializarán entre los meses de abril de 2010 y abril de 2012 y serán asignados de manera focalizada en aquellas familias más vulnerables y de clase media necesitada.

 Luego se dio a conocer el plan de reconstrucción de las Obras Públicas dañadas durante el sismo. El ministro de Obras Públicas, Hernán de Solminihac, anunció que su ministerio invertirá 660 millones de pesos durante los próximos cuatro años de reconstrucción. Además, el propio ministro indicó que este plan tendrá tres objetivos centrales: recuperar conectividad, agua potable e infraestructura productiva. Esta iniciativa, incluirá a siete regiones del país, en al que vive el 80% de la población chilena.

La autoridad del MOP informó que el costo de las obras de emergencia asciende a 31.070 millones de pesos y se desarrollarán entre 2010 y 2012, mientras que lo correspondiente a las labores de reconstrucción alcanza los 428.441 millones de pesos, y se realizarán en el período 2010 a 2014. En tanto, que para este año la inversión programada en emergencia y reconstrucción es de 150.169 millones de pesos. La dirección de Vialidad del MOP es el área que presenta la mayor inversión, con 503.017 millones de pesos; seguido de Obras Portuarias, con 82.383 millones de pesos; y Obras Hidráulicas, con 63.795 millones de pesos, de este último, 30.976 millones de pesos corresponden al Programa de Agua Potable Rural (APR). En lo que concierne a obras concesionadas, el ministro señaló que “básicamente el esfuerzo que pondremos tiene que ver con que prácticamente el 100% de las obras concesionadas viales estén operativas a fines de este año. En todo caso, el Plan de Inversión Regional para este año, contempla proyectos que ya estaban considerados en la cartera inicialmente, y otros surgidos tras la emergencia, por un monto de 740.030 millones de pesos. La mayor inversión se registra en las dos regiones más afectadas por el terremoto: Bíobío, con 119.051 millones de pesos, y Maule, con 105.171 millones de pesos.

Por su parte, el Ministro de Salud, Jaime Mañalich, anunció que el Plan de Reconstrucción contempla aproximadamente 3 mil millones de pesos para levantar y reparar establecimientos de Salud en las zonas afectadas por el terremoto del 27 de febrero pasado. Junto al subsecretario de Desarrollo Regional, Miguel Flores, el secretario de Estado explicó que los fondos, cuyo objetivo será reponer la infraestructura de Atención Primaria de Salud, serán asignados a los municipios vía proyectos concursables que deberán ser presentados a la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Los recursos estarán destinados a la reparación de al menos 13 hospitales y decenas de consultorios y postas, además de la instalación de al menos 16 hospitales modulares en las zonas que presentan mayores daños producto del terremoto y tsunami de febrero pasado.

Pero ¿cómo se financia todo esto?

Los fondos conforman el Plan de Reconstrucción anunciado por el Presidente de la República en la caleta  “Lo Rojas” de Coronel, Octava región el viernes 16 de abril. En primer lugar, el presupuesto contempla reasignaciones presupuestarias fiscales por US$730 mil millones; luego están contempladas donaciones; venta de activos  prescindibles,  la emisión de deuda tanto interna como externa, especialmente la última ya que se cuenta con la autorización para la emisión de un bono soberano hasta US$7.800.000 millones, en un plazo de 10 años. También está pensado usar el Fondo de Estabilización Social y Fondo del Cobre y un alza impositiva del impuesto de 1º Categoría (el que pagan las empresas) de manera progresiva durante los próximos dos años. En el 2011 subiría un 20%, en el 2012 un 18,5% y en el 2013 volvería al 17% actual. Las contribuciones subirían entre un  0,25% anual, de los bienes raíces de mayor evalúo fiscal durante el 2011 y el 2012.  

La ampliación del incentivo tributario a las Pymes, les permite eximirse de impuestos en las utilidades retenidas desde el máximo de ventas de 8.000 unidades de fomento (UF) a 50.000 UF. Es decir, si tomamos el valor de la UF de hoy (21.021,69) tendremos que las empresas que tienen de ventas por $ 168.173.520 ahora podrán acogerse al beneficio si sus ventas llegan a $ 1.051.084.500 con un techo de 2.500 UF. Se espera, la mantención del impuesto de timbres y estampillas y se permite la depreciación acelerada con un 50% de depreciación de la inversión el primer año.

La medida que más discusión ha suscitado es el cambio en el Royalty o impuesto específico a la minería. Esta modificación consistiría en que los empresarios mineros renuncien al pago permanente del 5% sobre la renta operacional minera para pagar un tributo en tasas variables de acuerdo al margen de cada empresa. Seria incrementado entre el 3,5% hasta un 9%. Ahora, si los mineros  renuncian a los contratos extendidos por medio del DL 600 y acogen voluntariamente a esta medida por el período 2010- 2011, al finalizar se les daría invariabilidad tributaria por 8 años. El Fisco chileno espera recaudar por medio de esta modificación tributaria unos US$ 700 millones.

Otra iniciativa destinada a la reconstrucción fue la presentación del proyecto sobre nueva Ley de Donaciones y Fondo Nacional de Reconstrucción, por el Ministro de hacienda Felipe Larraín y el subsecretario Rodrigo Álvarez. En lo medular, la iniciativa establece beneficios tributarios para las donaciones que tengan por objeto financiar la reconstrucción de infraestructura o equipamiento ubicado en las zonas afectadas por terremotos y catástrofes similares. Los beneficios tributarios varían según la naturaleza de cada contribuyente, y según si las donaciones se destinan al Fondo Nacional de Reconstrucción o al financiamiento de obras específicas.

Por otra parte, no todos los empresarios están conformes por el alza de los  impuestos. En líneas generales, a la Cámara de Comercio de Santiago le hubiera gustado más ver un plan mucho más concentrado en el uso de los recursos fiscales acumulados, reasignaciones de gastos, endeudamiento de largo plazo y mecanismos atractivos distintos de impuestos para canalizar el aporte de las empresas y de los segmentos de mayores ingresos al proceso de reconstrucción,  dejando sin respuesta una parte significativa de las inquietudes acerca de la forma cabal cómo será financiado el programa de reconstrucción". En cambio, por medio de un comunicado, el Consejo Minero, señaló que la situación de emergencia por la que pasa el país, justificaba la aplicación de medidas tributaras "transitorias". Sobre la modificación al royalty, indicó que aunque desconocía los argumentos y no habían participado en conversaciones sobre esta variación, valoraba el "respeto" a los compromisos contraído por el Estado de Chile.

Los proyectos de Ley  recién están en el Parlamento para su discusión y hay que ver que modificaciones tendrán en el curso de este trámite legislativo, mientras tanto gran parte de la población de Chile, está viviendo varias catástrofes derivadas del terremoto. A la perdida de sus casas, o de sus trabajos, tienen que sumar los efectos sicológicos post trauma que se pueden agravar con la llegada del invierno. Sin embargo, reconstruir tomará más de los cuatro años de este Gobierno y como muchas veces en su historia, Chile tendrá que tener una buena dosis de paciencia. Pero, el gran anhelo es poder reconstruir mejorando la calidad de vida de los chilenos. Solo así, valdrá la pena toda la espera.

María Loreto Soler Menares - Periodista